Una de las mayores confederaciones sindicales de Filipinas, SENTRO, está movilizando a sus miembros en torno a cuestiones de cambio climático, al vincular la lucha por los derechos de los trabajadores con la lucha por una transición energética democrática, pública y justa. El sindicato había logrado grandes avances en dos ámbitos principales: movilizar a los trabajadores y los usuarios de cooperativas eléctricas para luchar contra la privatización mediante grandes boicots, y movilizar a los conductores de yipnis para que reclamen al Gobierno que asuma la responsabilidad de apoyar a los conductores a realizar la transición a vehículos más ecológicos. Han obtenido algunas victorias parciales. El sindicato ahora está apoyando a sindicatos comunitarios urbanos en el reclamo de viviendas públicas a energía solar a fin de brindar acceso a energía limpia y fiable a los hogares empobrecidos. Al priorizar los derechos de los trabajadores y el derecho a la energía en la lucha por una transición energética pública y democrática que logre justicia climática, SENTRO ha demostrado el poder de un frente unido de trabajadores en las cuestiones relacionadas con la justicia climática.
La dificultad de priorizar la justicia climática en la agenda de SENTRO
Tras varios años de ensayo y error, una de las mayores confederaciones sindicales de Filipinas, SENTRO (Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Mangagawa – Centro de Trabajadores Unidos y Progresistas) ha hallado la forma de movilizar a sus trabajadores por la justicia climática al vincular sus luchas diarias con la crisis climática cada vez más urgente.
Filipinas es uno de los países más afectados por el cambio climático. Sin embargo, a pesar de las consecuencias devastadoras que afronta el país, priorizar las cuestiones relacionadas con el cambio climático ha sido difícil, dado que a los sindicatos están centrados en luchar por los derechos de los trabajadores en un entorno en que el Gobierno se resiste a la negociación colectiva o a reconocer los derechos de los trabajadores. SENTRO ha luchado para movilizar a sus afiliados en torno al clima, al educarlos sobre el cambio climático. En los últimos años, el sindicato ha descubierto que es más eficaz vincular directamente las cuestiones de los trabajadores, como las mejores condiciones de trabajo y los salarios justos, con los temas del clima.
Los tres ámbitos en los que SENTRO ha logrado vincular estos temas conciernen a los trabajadores de cooperativas de energía que corren peligro de ser privatizadas, los conductores de yipnis, que podrían perder su medio de subsistencia, y las familias que están reivindicando su derecho de vivir en ciudades.
La isla filipina de Binuluanguan tras el tifón Haiyan, uno de los cíclones tropicales más potentes jamás registrados. Créditos: Defence Images, CC BY-NC 2.0.
Cooperativas eléctricas que luchan contra la privatización
En 1969, el Gobierno central de Filipinas creó la Administración Central de Electrificación (NEA), que inició el programa de tendido eléctrico rural en el país, con el objetivo de electrificar la totalidad del país. Para lograrlo, la NEA creó cooperativas eléctricas, que se extendieron en todo el país. En la actualidad, la Asociación Filipina de Cooperativas Eléctricas Ruralesestá integrada por 119 cooperativas, que abastecen de electricidad a las zonas rurales. Sin embargo, cuando una gran ola de privatización afectó a la industria de energía a comienzos de la década de 2000, las cooperativas eléctricas fueron incluidas en el programa de privatización. Dado que muchos de los trabajadores de las cooperativas de energía están afiliados a SENTRO, el sindicato decidió movilizar a sus miembros en una campaña contra la privatización de las cooperativas.
Miembros-consumidores-propietarios de la Cooperativa Eléctrica de Benguet durante la 41ª Asamblea General Anual Regu-lar de BENECO. Créditos: Asociación de Cooperativas Eléctricas Rurales de Filipinas vía Facebook
Los usuarios participan en la huelga de los trabajadores de electricidad
A partir de 2003, SENTRO comenzó a organizarse activamente contra la privatización de las cooperativas eléctricas. Además de organizar a los trabajadores de las cooperativas, la campaña también reunió apoyo de los usuarios de las cooperativas, al educarlos, organizarlos y politizarlos sobre los temas de la lucha. La campaña destacaba que, en lugar de privatizar las cooperativas eléctricas, los usuarios y trabajadores podían beneficiarse considerablemente del diálogo y el apoyo entre cooperativas.
Diez años más tarde, el apoyo a la campaña de SENTRO contra la privatización se puso a prueba cuando el Gobierno de la provincia de Albay adoptó medidas para vender la Cooperativa Eléctrica Albay (ALECO) a la empresa privada San Miguel Energy Corporation. Los trabajadores de la cooperativa de energía realizaron una huelga e instaron a los usuarios a que boicotearan a la empresa privada y apoyaran la huelga de los trabajadores al no pagar sus facturas de electricidad. El apoyo de los usuarios al boicot fue considerable, y la empresa privada tomó represalias al cortar la electricidad de sus hogares. Los trabajadores de la cooperativa reconectaron a esos hogares a la red para garantizar su acceso a electricidad.
La lucha contra la privatización de ALECO duró tres años, pero se perdió cuando los usuarios recibieron sobornos para votar a favor de la privatización en un referéndum. En última instancia, ello dio lugar a la privatización de la cooperativa. Sin embargo, debido a constantes ataques de los trabajadores y usuarios, la empresa San Miguel Energy Corporation tiene dificultades para obtener ganancias de la privatización. A pesar de haber perdido la campaña en Albay, SENTRO ganó mucho terreno político en los últimos tres años de huelgas, dado que la acción colectiva demostró que los trabajadores de la cooperativa eléctrica están dispuestos a luchar contra la privatización.
Desde entonces, las empresas privadas han intentado varias veces convencer a políticos corruptos de que aprobaran legislación para privatizar otras cooperativas eléctricas. Los esfuerzos de trabajadores y usuarios hasta ahora han evitado que políticos locales levantaran las restricciones en forma prematura para poner fin a contratos de franquicia con las cooperativas eléctricas y permitir que las empresas privadas asumieran el control, pero la lucha para garantizar que las cooperativas permanezcan en manos públicas sigue siendo un gran desafío.
Créditos: SENTRO vía Facebook
Lograr la independencia de la energía privada
Defender a las cooperativas eléctricas de la privatización y, al mismo tiempo, promover fuentes de energía renovable se ha convertido en una tarea importante para SENTRO, especialmente para sus socios del sector de la energía, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Energía (POWER). El sindicato encabeza la lucha por la democracia energética en Filipinas. Sin embargo, aún no han alcanzado el objetivo fundamental de lograr una transición energética justa en las cooperativas eléctricas.
En el sistema actual, las cooperativas eléctricas compran energía a empresas privadas, de la cual una porción considerable proviene de combustibles fósiles, y la revenden a comunidades rurales donde operan. Al generar su propia energía, mediante el uso de fuentes renovables, como la energía solar o la energía hidroeléctrica, las cooperativas no solo podrían volverse independientes de los productores de energía privados, sino que además podrían disminuir el costo de la electricidad en hasta un 12,5 por ciento, respecto de los precios actuales. Una dificultad en este proceso es obtener financiación pública. Sin apoyo estatal, las cooperativas carecen de fondos para establecer lugares de producción para energía renovable. La lucha para garantizar financiación pública para una transición energética justa en el sector de energía rural de Filipinas sigue siendo un tema fundamental de la campaña de SENTRO.
Power-Sentro y el resto de cooperativas eléctricas se oponen a la solicitud de franquicia de bicol lights and power corporation. Créditos: National Union of Workers in the Power Industry- Power-Sentro vía Facebook
No habrá transporte público limpio sin justicia para los conductores
SENTRO también está luchando para lograr una transición energética justa en el sector del transporte público, al vincular la lucha de los conductores de yipnis por mejores condiciones de trabajo, con la necesidad de ayuda del Gobierno en la transición a motores menos contaminantes para los vehículos.
Cuando el Gobierno central de Filipinas decidió eliminar progresivamente los yipnis tradicionales (vehículos similares a mini buses, que son un medio de transporte público importante), los trabajadores se dieron cuenta de que su lucha para mantener sus operaciones estaba directamente vinculada con la lucha por una transición justa.
Los yipnis tradicionales son el medio de transporte más barato de Filipinas, pero, debido a que tienen motores a diésel, son la causa principal de la mala calidad del aire en los centros urbanos. Estudios calculan que el sector de los yipnis es responsable del 15 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte de carretera en Filipinas, mientras que los vehículos automotores son de las mayores fuentes de contaminación del aire del país. En 2017, el Gobierno aprobó legislación para eliminar progresivamente los yipnis con motores a diésel y ordenó a los conductores que utilizaran vehículos eléctricos en su lugar. El programa de modernización de vehículos públicos ordenó que se reemplazaran alrededor de 180.000 yipnis que estaban en uso desde hacía al menos 15 años, pero no contó con mecanismos de apoyo para ayudar a los conductores a reemplazar sus vehículos.
Esta falta de apoyo generó huelgas y protestas en todo el país entre los trabajadores de los yipnis, que catalogaron el programa de modernización de “anti pobre”y exigieron asistencia financiera para una transición justa. “No a la modernización sin transición justa” se convirtió en el eslogan principal de la campaña de la Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Transporte (NCTU), afiliada a SENTRO. Tras una huelga nacional de transporte que paralizó a ciudades clave en 2017, las autoridades acordaron un período de gracia de tres años que permitiría a los conductores de yipnis realizar la transición a vehículos eléctricos o vehículos con motores menos contaminantes.
Los conductores de yipnis se dieron cuenta del poder de mantenerse unidos y muchos que antes eran parte de la economía informal se organizaron en cooperativas de transporte. A través de sus cooperativas, los miembros comenzaron a adquirir yipnis modernizados, algunos eléctricos, utilizando subsidios parciales del Gobierno. Sin embargo, aún no se ha aprobado un paquete amplio de apoyo financiero destinado a los conductores de yipnis vulnerables y en el empleo informal.
Jeepney filipino. Créditos: Gary Todd, dominio público, Flicker
Mejorar las condiciones de trabajo precarias
La pandemia de COVID-19 planteó otro desafío considerable para los conductores de yipnis. Muchos se quedaron sin trabajo debido a las estrictas medidas de confinamiento en el país, que dejaron a muchas familias sin ingresos durante varios meses. Incluso después del fin de los confinamientos, los conductores de yipnis no pudieron recuperarse de la crisis, debido a las directrices de salud pública que los obligaban a funcionar con capacidad reducida. Estas restricciones provocaron una disminución considerable de las ganancias de los conductores, que se vieron obligados a trabajar más horas para poder alimentar a sus familias y pagar el alquiler de los vehículos.
A partir de estas luchas, SENTRO, junto con activistas por el transporte público, desarrollaron la idea de contratación de servicios. Esto significa que el Gobierno contrataría a los yipnis y otros vehículos de transporte público para brindar servicios de transporte seguros y eficientes a los usuarios, y cobraría el precio del pasaje directamente a los pasajeros, mientras que garantizaría un ingreso a los conductores sobre la base de las horas trabajadas. Este sistema reemplaza el “sistema de límites” actual, en el cual los conductores de yipnis pagan un monto fijo de alquiler al día a los propietarios de los vehículos, lo cual los obliga a trabajar muchas horas para ganar lo suficiente para pagar el alquiler, el combustible y los costos de mantenimiento. Todos los intentos anteriores de cambiar el sistema habían fracasado.
Si bien la contratación de servicios ha dado lugar a ingresos más estables y mejores condiciones de trabajo para algunos conductores de yipnis, su aplicación en muchas zonas se ve obstaculizada por la incompetencia del Gobierno. Actualmente, SENTRO y la NCTU están planteando propuestas para institucionalizar la contratación de servicios. Sin embargo, el diálogo con el Gobierno nacional es muy dificultoso, por lo que retrasa el avance en esta importante dimensión del proceso de transición justa.
Estudiante durante una de las protestas de febrero de 2021. Créditos: SENTRO vía Facebook
Viviendas a energía solar para los pobres de las ciudades
Las tormentas tropicales y las inundaciones se están volviendo cada vez más frecuentes en Filipinas y, como consecuencia de ellas, las comunidades ya marginadas de los centros urbanos corren riesgo de perder sus hogares y medios de subsistencia debido a las inundaciones. Al vincular las luchas por nuevas viviendas públicas en lugares seguros de la crisis climática, los sindicatos comunitarios han convertido la lucha por nuevas viviendas en una lucha por viviendas respetuosas del clima, equipadas con paneles solares. Las comunidades de familias de asentamientos informales que están siendo reubicadas en nuevas viviendas públicas están reclamando que sus hogares tengan paneles solares, para poder reducir los costos de electricidad y aumentar su independencia energética. Sin embargo, debido a los costos elevados de solarizar las viviendas, unidades del Gobierno local se muestran reticentes a apoyar los reclamos de los sindicatos, lo que limita considerablemente el éxito de la campaña. Asegurar el apoyo y la financiación del Gobierno local para viviendas públicas a energía solar representa un reto importante.
Desafíos actuales y próximos pasos
SENTRO ha hallado una forma de incorporar las cuestiones climáticas en la agenda del sindicato –mediante la creación de vínculos directos entre la justicia climática, los derechos de los trabajadores y una transición de la energía pública.
A pesar de que el sindicato ha avanzado en tres ámbitos fundamentales –cooperativas eléctricas, conductores de yipnis y sindicatos comunitarios– el desafío sigue siendo aplicar este enfoque a otras campañas e institucionalizar la idea de que no puede haber modernización sin políticas públicas democráticas para asegurar la justicia climática y energética. Un próximo paso fundamental para lograrla es elaborar legislación que obligue a que la transición a energías renovables en todos los sectores sea justa, democrática y equitativa. Ello permitiría a Filipinas avanzar hacia un sistema de energía limpio y plenamente público que priorice el trabajo decente necesario para brindar electricidad a los hogares de las personas y el transporte público, por encima del lucro.
Un aspecto importante es garantizar financiamiento público suficiente para los proyectos de transición justa en curso, como para que las cooperativas eléctricas produzcan energía renovable, para que los conductores de yipnis realicen la transición a vehículos eléctricos, y para que las viviendas públicas cuenten con energía solar. Las campañas deben hallar la forma de vincular el tema fundamental de los derechos de los trabajadores con las cuestiones de justicia climática a fin de avanzar en la consecución de ambos objetivos y asegurar que el movimiento sindical de Filipinas también sea un movimiento por la justicia climática.
Sobre los autores:
Louisa Valentin obtuvo su grado de la Universidad de Lund. Se especializó en desarrollo económico en el Sur global. Ha contribuido al Programa Alternativas Públicas del TNI a través de investigación, artículos e informes, y ha trabajado en proyectos vinculados con la justicia social y económica, la desprivatización y la remunicipalización.
Josua Mata ha sido sindicalista durante casi 30 años. Actualmente es Secretario General de 100,000-strong Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Mangagawa (SENTRO). Sentro significa Centro de Trabajadores Unidos y Progresistas y es la mayor alianza sindical de Filipinas.
Coordinación: Lavinia Steinfort
Edición: Sarah Finch
Traducción: Mercedes Camps
El presente estudio de caso es una publicación conjunta del Transnational Institute (TNI) y Sentro