La democracia energética no tiene una definición unívoca. Sin duda, el término evoca el anhelo de un control colectivo sobre el sector de la energía, en contraposición a las ideas neoliberales a favor de la comercialización, la individualización y el control empresarial privado. La democracia energética aspira a poner en manos de los usuarios y los trabajadores de la energía el poder sobre todos los aspectos del sector, desde la producción, la distribución y el suministro a la financiación, la tecnología y el conocimiento. Los movimientos sociales que están desplegando el concepto de democracia energética también reivindican un sistema de energía socialmente justo, entendido como un sistema de acceso universal, con precios justos y con puestos de trabajo dignos, sindicalizados y bien remunerados. Proponen un sistema de energía que funcione en el interés público y en el que primen los objetivos sociales y ambientales por encima del ánimo de lucro. Y persiguen una transición en las formas de generación de energía que dé prioridad fundamental a las fuentes renovables. Para seguir desarrollando el debate, nos gustaría proponer los principios básicos siguientes.