La alianza participó en la organización de una Iniciativa Legislativa Popular y la posterior proclamación, en 2015, de una de las leyes más garantistas de la UE para proteger de la pobreza energética a las personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, a pesar de que la ley esté en vigor, a algunas personas que no pueden pagar la factura se les cortaba el suministro de forma ilegal, en los primeros meses de entrada en funcionamiento de la ley. En 2016, la reacción pública a esta situación injusta se vio espoleada por la trágica muerte de Rosa, una mujer de 81 años de la ciudad de Reus, que murió en un incendio en su vivienda, provocado por una vela que utilizaba para iluminarse después que Gas Natural Fenosa le hubiera cortado la luz unos meses antes.
La APE ha ido cobrando impulso hasta convertirse en una red de apoyo mutuo que acompaña a las personas afectadas y que actúa, a la vez, como una importante herramienta de formación y transformación política. Gracias al desarrollo de un proceso de empoderamiento colectivo de largo recorrido, la APE facilita que las personas dejen de situarse como víctimas de los abusos de las compañías energéticas y pasen a ser sujetos políticos activos que reclaman sus derechos. Una estrategia mediática centrada en el contexto político ha ayudado al público a establecer un vínculo entre la pobreza energética y la injusticia, y a ser más crítico con la distribución injusta de la riqueza. Las grandes empresas energéticas se están sintiendo incómodas debido a la creciente conciencia y presión públicas, y el reto ahora consiste en garantizar que cumplan con la ley y cancelen las deudas ilegítimas.
Los movimientos sociales y la sociedad civil aúnan fuerzas
En el Estado español, no se hablaba de pobreza energética hasta, más o menos, 2014. Aunque las familias la sufrían desde hacía tiempo, el concepto era desconocido y no se había organizado ninguna protesta o movimiento en torno a este problema. En febrero de 2014, coincidiendo con los años tardíos de la crisis económica y financiera, en sus coletazos de máximo ensañamiento con la población más vulnerable, un conjunto de personas afectadas, organizaciones y plataformas ciudadanas se unieron para crear la Alianza contra la Pobreza Energética. El objetivo de la alianza era acabar con una situación inhumana y plantear un nuevo enfoque integral.
En aquel momento, los movimientos por el derecho a una vivienda digna estaban recibiendo cada vez más casos en los que el problema de la hipoteca quedaba a un lado y la preocupación que afloraba era la de unos suministros precarios o inexistentes. A su vez, el discurso crítico contra el oligopolio energético por parte del sector ecologista y de las organizaciones en lucha por la democracia energética no estaba calando suficientemente en la población. A raíz de esta situación de apremio, el movimiento por la vivienda y el ecologista —además de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la justicia socioambiental en el Sur Global— aunaron fuerzas y, juntos, tejieron una narrativa común que planteaba el derecho a los suministros básicos, como el agua y la energía, como elemento indisoluble del derecho a una vivienda digna.
Fue esto lo que llevó a la creación de la Alianza contra la Pobreza Energética en febrero de 2014, a lo que siguió un planteamiento integral de discursos y tácticas. El objetivo inicial fueron los diversos abusos por parte de las grandes compañías —como la desconexión del servicio de agua y electricidad de consumidores vulnerables, el acoso telefónico en relación con deudas y las prácticas depredadoras de fijación de precios—, que se han impuesto no solo en el Estado español, sino en todo el Sur Global. La alianza exigía que los actores a quienes se les había otorgado el privilegio de administrar los suministros básicos tuvieran la obligación de satisfacer las necesidades de las personas. Este enfoque ha sacudido de arriba abajo a las compañías energéticas y al poder político, poniendo sobre la mesa de la agenda política un tema que no podía esperar más.
Acceso universal a la energía
La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) lucha por el acceso universal a la energía como una cuestión de derechos humanos que, como tal, no debe depender de la situación económica ni de las condiciones materiales. Este derecho debe protegerse especialmente en el caso de las familias en situación de vulnerabilidad y precariedad. Uno de los principales elementos de la visión de la APE pasa por apartar a las personas afectadas por un modelo energético injusto del papel de víctimas para situarlas como sujetos políticos activos que reclaman sus derechos. En el marco del proceso de empoderamiento de largo recorrido de la alianza, las personas pasan de sufrir los abusos de las grandes empresas del oligopolio a ser quienes marcan las líneas rojas que las empresas no deben volver a cruzar.
La pobreza energética en cifras
Según el informe de 2016 sobre pobreza energética de la Agencia de Ciencias Ambientales (ACA), en torno al 11 % de los hogares del Estado español —es decir, aproximadamente 5,1 millones de personas— se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Esta cifra se sitúa por encima de la media europea, que está en un 10,2 %, y representa un incremento del 22 % en los dos años transcurridos desde la publicación del último informe. Además de ese 11 % que no podía calentar su hogar de forma adecuada, hasta un 21 % de los hogares españoles está experimentando condiciones asociadas a la pobreza energética (retrasos en los pagos, temperaturas inadecuadas, porcentaje elevado de gastos asociados a facturas energéticas respecto del total de ingresos, etc.). En Catalunya, el 18,7 % de la población destina más de un 10 % de su renta disponible en el gasto del hogar a la energía, el 11,1 % acumula retrasos de pago en relación con su vivienda principal y el 8,7 % no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada.
Cómo la electricidad dejó de ser un servicio público
La Ley 24/2013 del sector eléctrico —y la ley que, en teoría, debería establecer la protección de las personas consumidoras vulnerables— constituye el marco jurídico por el que se rige la actividad del sector energético en el Estado español. En la práctica, esta ley considera la energía como un “servicio de interés económico general” y ha servido para profundizar la liberalización del mercado eléctrico. El hecho de que la electricidad deje de entenderse como un servicio público implica, en última instancia, que la protección del mercado es prioritaria. Como a día de hoy son todavía las empresas del oligopolio las que ostentan el privilegio de gestionar estos servicios, lucrándose con cifras millonarias y ejerciendo un control efectivo del mercado, es de recibo que sean ellas mismas las que asuman el coste de la pobreza energética, que es fruto de su propio modelo de gestión. Sin embargo, la mayoría de los ayuntamientos del Estado español está abordando la pobreza energética como si fuera un problema de ingresos y, como tal, es asumido por los servicios sociales, que pagan recibos para evitar el corte de suministro. En realidad, esta estrategia es solo una prolongación de la pesadilla, ya que las facturas siguen acumulándose al mes siguiente.
Frente a este dilema, la APE plantea que la energía sirva para alcanzar una vida digna, y que los suministros básicos y esenciales deben estar al servicio de la vida y no del lucro. La lucha de la APE se caracteriza por reunir en una misma causa a personas afectadas por la pobreza energética, movimientos sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a organizaciones de vecinos y de consumidores y a organizaciones de la sociedad civil con vínculos a escala internacional. Esta amalgama de actores ha conseguido poner en alerta a las compañías suministradoras y generar una oleada de cambio de la opinión pública.
La muerte de Rosa, una mujer de 81 años de la ciudad de Reus, en noviembre de 2016, echó aún más leña al fuego. Rosa murió de forma trágica en un incendio en su vivienda, provocado por una vela que utilizaba para iluminarse, después que Gas Natural Fenosa le hubiera cortado la luz unos meses antes. Gas Natural Fenosa no avisó a los servicios sociales antes de efectuar ese corte, incumpliendo la Ley 24/2015 aprobada por el Parlament de Catalunya. La empresa nunca reconoció públicamente su responsabilidad en este caso, pero fue multada por la Generalitat de Catalunya, el gobierno catalán, por un importe de 500.000 euros.[1]
No más cortes eléctricos
Más de un año antes de la triste muerte de Rosa, el Parlament de Catalunya había aprobado por unanimidad la Ley 24/2015 sobre emergencia habitacional y pobreza energética. Esta ley es una de las más garantistas en la UE para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad de la pobreza energética.[2] La ley tenía su origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la APE, la PAH y el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ODESC). Esta iniciativa se construyó gracias al conocimiento “sobre el terreno” que estas organizaciones y movimientos sociales tenían de primera mano por parte de las personas afectadas. Las urgencias que el día a día había mostrado se plasmaron en el borrador, con la ayuda de expertos juristas y miembros de estas organizaciones, a la vez que se compartía el contenido y la estrategia con las bases de las plataformas y movimientos sociales. Durante la fase de recogida de firmas y de incidencia entre partidos políticos también se mantuvieron reuniones con sus equipos de juristas, en las que se negociaron algunas cuestiones más técnicas y terminológicas.
Así, por primera vez en el Estado español, una ley permitía frenar los cortes de suministro a las familias vulnerables gracias a la introducción del llamado “principio de precaución”: ninguna empresa suministradora puede efectuar cortes sin antes consultar con los servicios sociales si se trata de una persona en situación de vulnerabilidad.
El caso de Rosa visibilizó el hecho de que las empresas llevaban más de un año intentando sortear y aplazar el cumplimiento de esta ley, y la ciudadanía salió a la calle a reclamar responsabilidades a estas empresas y valentía a las administraciones para hacer cumplir la ley 24/2015.
Dando voz a quienes sufren pobreza energética
La APE ha demostrado que hacen falta nuevas herramientas y estrategias de presión para imaginar y construir un escenario mejor que el actual, transformando en un reto alcanzable las demandas que hace tan solo unos meses eran impensables. Uno de los principales impactos que ha conseguido la APE ha sido desvincular la garantía de acceso a la energía y al agua del hecho de disponer de ingresos y, sobre todo, que la opinión pública haya asumido esta demanda como propia.
En este sentido, la relación con los medios de comunicación ha sido clave, ya que la APE ha recibido una importante cobertura en sus acciones y comunicados. El hecho de reivindicar algo que está tan relacionado con la vida (y su precariedad) atrae a medios sensacionalistas que, muchas veces, buscan solo tomar una foto impactante de la persona en situación de pobreza energética. Sin embargo, la APE ha conseguido redireccionar algunas de estas actitudes, exigiendo siempre apariciones con un doble mensaje y portavocía: la voz de la persona afectada pero también la voz y el mensaje político, en el que se han trabajado en profundidad las propuestas ante la situación de las personas afectadas, superando así el papel de víctimas al que a menudo las relega la prensa.
En la práctica, la APE ha introducido una perspectiva de derecho humanos frente a la lógica mercantilizada de los suministros básicos. A las empresas energéticas se les exigen responsabilidades por la situación de vulnerabilidad que sufren las personas afectadas como resultado del sistema actual.[3] La APE, además, propone que estos derechos se garanticen de forma conjunta, por ejemplo, incluyendo también el agua en los suministros básicos que se reclaman. Esta iniciativa es pionera en la UE, donde agua y energía se han tratado por separado.
Acción colectiva para transformar la pobreza y vulnerabilidad
El empoderamiento y la capacitación política de cada persona que participa en la APE proviene de un vasto conocimiento colectivo donde cada uno es protagonista de su caso. De esta manera, los periplos que cada persona afectada ha tenido que vivir para conseguir tener luz en su casa —o para dejar de ser perseguida por una deuda— se convierten en un aprendizaje para el grupo. La experiencia de la APE proporciona evidencia del potencial de las respuestas de acción colectiva para transformar las condiciones de pobreza y vulnerabilidad experimentadas individualmente. Gracias a sus redes de solidaridad y resistencia ciudadana entre personas afectadas, es posible repolitizar la mitigación de la pobreza energética rompiendo fronteras previamente limitantes del debate político sobre los cortes de suministro, que lo relegaban a algo meramente técnico.[4]
En paralelo a este importante trabajo comunicativo y de construcción de nuevos relatos ante los medios de comunicación, la APE ha desarrollado una intensa labor de incidencia con distintos actores, como los ayuntamientos y el Gobierno catalán. Esta doble vía ha sido de vital importancia para conformar un frente común que no solo señala a los actores privados que actualmente gestionan estos servicios, sino que actúa en la práctica ejerciendo una vigilancia y control público-ciudadano.
Tras la creación de la APE, los problemas de energía y agua que los medios y la clase política antes explicaban como un problema de falta de ingresos (que exigía que los servicios sociales pagaran los recibos) o una falta de eficiencia energética (que requería soluciones técnicas) ahora se entienden como casos de injusticia y desigualdad. La opinión pública ha empezado a vincular la pobreza energética con la injusticia y se ha vuelto crítica con respecto a la distribución injusta de la riqueza. De nuevo, se está convirtiendo en algo de sentido común que la energía y el agua estén protegidas, de forma que no sirvan para enriquecer a un puñado de empresas, sino para que que las personas lleven una vida digna.
Los avances son significativos. La estrategia ha resultado ser muy incómoda a las grandes empresas energéticas y el problema se ha visibilizado a través de una gran cobertura mediática. Las anteriores propuestas desde la sociedad civil o los ayuntamientos —con un enfoque más asistencialista con las familias y amable con las compañías— nunca antes habían conseguido tanto impacto. Gracias a esta actuación de la APE, y en especial tras la muerte de Rosa en Reus, la imagen de estas compañías está actualmente muy dañada.
Retos de futuro
Los retos que se plantean para la APE de ahora en adelante tienen que ver con la profundización en la aplicación de la Ley 24/2015, después de dos años y medio de su existencia. Aunque la población vulnerable está protegida de los cortes y tiene garantizados los suministros básicos, están acumulando deudas, algunas de las cuales alcanzan los 1000 o incluso más de 2000 euros. La opinión pública tiene claro que estas cantidades no deben ser asumidas por la Administración, pero las empresas siguen evitando responsabilizarse, ni que sea en parte, de esos importes.
La APE cree que, de igual modo que la dación en pago de las viviendas hipotecadas pudo conseguirse aunque no se recogiera en ninguna ley, la condonación de las deudas energéticas de las familias vulnerables puede imponerse como una necesidad para dar una segunda oportunidad a las familias. Para ello, la APE recomienda seguir presionando a las empresas (con peticiones continuadas de condonación de deuda por parte de cada familia, si hace falta, semana tras semana) y a la Administración (recordándoles que esta negociación es también su responsabilidad). En paralelo, es urgente cambiar la concepción que la población tiene sobre las deudas y reforzar los mensajes que recuerdan que muchas de estas deudas son ilegítimas, injustas y desorbitadas.
En definitiva, que la garantía de los suministros básicos debe ofrecer también la oportunidad de comenzar de cero y, por lo tanto, no tiene ningún sentido proteger a las familias mientras están en situación de vulnerabilidad y abandonarlas a su merced cuando vuelven a encontrar un trabajo que les permite pagar los nuevos recibos, pero no aquellos que acumularon mientras padecían pobreza energética. La lucha por los derechos energéticos, en Catalunya y el Estado español, está viva y evoluciona rápido, y las nuevas formas de presión pasan también por imaginar conjuntamente nuevas formas de construir unas vidas cada vez más dignas, aunque nunca las hubiéramos imaginado antes.
Recursos
ACA (2016), “Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis”: https://www.cienciasambientales.org.es/index.php/comunicacion/noticias/567-3er-estudio-pobreza-energetica-en-espana-nuevos-enfoques-de-analisis
Bouzarovski, S., Tirado-Herrero, S. y Petrova, S.. (2015), Energy Vulnerability: Trends and Patterns in Europe (policy briefing num.1), Manchester: EVALUATE Project, Manchester.
Guiteras, M. (2016), “Pobresa energètica i models de gestió de l’aigua i l’energia a la UE. Cap a la garantia universal del dret als subministraments bàsics”, ESFeres (Enginyeria Sense Fronteres): http://esf-cat.org/wp-content/uploads/2017/01/ESFeres16-PobresaEnergeticaiModelsdeGestio.pdf
Walker, G. (2016), The Right to Energy: Meaning, Specification and the Politics of Definition,. L’Europe en Formation, (n. 378), pp. 26-38.
Notas
[1] https://www.eldiario.es/catalunya/Fallece-anciana-Reus-incendiarse-colchon_0_580242035.html
[2] Por ejemplo, cabe destacar que las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE requerían a los Estados Miembros que consagraran la protección de las personas consumidoras vulnerables en el campo de la energía desde 2009. Sin embargo, en países como el Estado español, esta no se incluyó hasta 2017. Los cambios introducidos en la ley española (con la reforma del llamado “bono social”, una especie de tarifa específica para familias vulnerables) para conseguir la protección de las personas consumidoras vulnerables son del todo insuficientes y no solucionan el problema de los cortes de suministro, condicionándolo al pago de facturas por parte de la Administración. La ley catalana 24/2015 continua así ofreciendo más protección a los más vulnerables.
[3] La Ley 24/2015 prevé que se firmen convenios de colaboración entre las administraciones locales y las empresas suministradoras para que estas ofrezcan descuentos muy significativos o ayudas a fondo perdido a las familias de quienes se han parado los cortes, a cuenta de las propias empresas. La negativa de las empresas a asumir su parte hace que estos convenios todavía no se hayan firmado. Así pues, aunque no se produzcan cortes a familias vulnerables, la cuestión de sus deudas se encuentra actualmente en un limbo.