Casi 200 mujeres se reunieron en el País Vasco, concretamente en Bilbao, del 2 al 7 de febrero de 2018. Su misión era iniciar un proceso que culminara en una narrativa que demuestre la necesidad de que la transición energética sea ecofeminista. ‘Eco’ porque el modelo energético alternativo debe ser sostenible, y ‘feminista’ porque el modelo influye de un modo desmesurado en las vidas de las mujeres de todo el mundo. Se trata de un nuevo modelo que reconozca y diversifique los roles que multitud de mujeres desempeñan en sus realidades diarias y en la economía política global.
La huelga feminista del 8 de marzo de 2018 consiguió que una de cada cinco mujeres saliera a la calle en el Estado español. Cientos de mujeres firmaron una petición en favor de la huelga, un manifiesto que urge a poner fin al actual modelo energético capitalista y heteropatriarcal.
“Nos manifestamos por un modelo de energías renovables que sea distribuido, descentralizado, democrático, participativo, descarbonizado, equitativo, justo y que esté en manos de las personas. Un nuevo modelo energético ecofeminista en el que la energía sea un derecho y la vida ocupe el lugar central.”
Estas convergencias demuestran que el feminismo tiene una estrategia para crear un nuevo modelo energético, dado que actualmente la energía se produce y se consume en función de relaciones de poder sexistas, racistas y clasistas, que únicamente favorecen el afán de lucro. El modelo energético actual sigue marginalizando, de un modo muy específico y concreto, a grupos que ya son tratados con desdén por muchas sociedades.
Según afirma Alba del Campo, periodista, ecofeminista y coordinadora de dos mesas de trabajo sobre energía en Cádiz: “El modelo energético actual es reflejo del modelo social”. Ambos modelos están basados en la explotación inherente de la mayoría de mujeres en la sociedad, a partir de una división sexual del trabajo que permite el trabajo reproductivo no remunerado. Mientras no se ponga en tela de juicio esta injusticia sistémica, no podremos alcanzar una verdadera transición energética.
La desigualdad de género aumenta la probabilidad de que una familia sufra pobreza energética
La economía política de hoy todavía espera ―e incluso exige― que las mujeres asuman una gran variedad de tareas de atención y cuidado de la familia y del hogar. Sin este trabajo no remunerado, y a menudo invisible, la economía política no funcionaría. Unos servicios públicos que suministren agua (caliente), electricidad y calefacción son esenciales para llevar a cabo estas funciones. Si estos servicios básicos fueran de titularidad pública y totalmente democráticos, tendrían en cuenta a las mujeres y sus realidades diarias, ofreciendo así una vía hacia una redistribución equitativa de la energía y de los recursos.
¿Cómo se ha conseguido invisibilizar a las mujeres? Un estudio realizado por Enginyeria Sense Fronteres (ESF) revela cómo los datos oficiales relativos a la pobreza no están desagregados por género. Cuando no existe desagregación por género, los datos muestran únicamente un 0,1 % de diferencia entre hombres y mujeres, pero se basan en la suposición errónea de que los ingresos y las tareas del hogar están repartidas equitativamente, enmascarando así una realidad en la que las mujeres “sufren de una participación desigual en el mercado laboral, la carga excesiva en el cuidado de la familia y una sociedad dominada por las tendencias heteropatriarcales”. Los datos que tienen en cuenta los ingresos individuales apuntan a una realidad totalmente diferente, en la que un 25,7 % de los hombres y un sorprendente 49,7 % de las mujeres están en riesgo de sufrir pobreza energética.
Irene González Pijuan, una investigadora de ESF, constató que el 70 % de los beneficiarios de ayudas para pobreza energética en Barcelona son mujeres. Las familias monoparentales tienen un mayor riesgo de sufrir pobreza energética; cabe destacar que, en el 80 % de estos casos, la progenitora es una mujer. Por otro lado, un acceso insuficiente a la energía tiene un efecto negativo en el desarrollo de los menores. Pijuan concluye que la desigualdad de género aumenta la probabilidad de que una familia sufra pobreza energética. Además, a menudo los informes sobre pobreza energética y desigualdad tratan a las mujeres como un grupo homogéneo e ignoran que existen subgrupos más vulnerables, como por ejemplo las madres solteras, las mujeres de más de 65 años, las migrantes, las empleadas domésticas y las trabajadoras del sector de los servicios, que padecen las graves consecuencias de las injusticias estructurales del modelo energético actual.
Deslegitimar el modelo energético que reproduce el patriarcado como base del capitalismo
Los oligopolios extractivos y las políticas que favorecen a las grandes empresas han impuesto medidas de austeridad humillantes, han llevado a la privatización de servicios públicos y han causado una creciente y excesiva desigualdad socioeconómica, desplazamientos forzosos y despojos, y destrucción medioambiental. Estos procesos resultan en un rápido aumento de los casos de pobreza energética y empeoran la crisis ecológica. Las personas más explotadas y discriminadas son las que se ven más afectadas: desde mujeres de hogares con bajos ingresos, mujeres de color y mujeres con discapacidad a mujeres transexuales, madres solteras y mujeres indocumentadas.
No es de sorprender que la mayoría de los Gobiernos, los consejos de administración y las instituciones internacionales que definen las políticas energéticas dentro de una sociedad estén formados mayoritariamente por hombres. Sin embargo, tal y como comentan Laura Roth y Kate Shea Baird en un artículo de la revista ROAR sobre el potencial del municipalismo, las crecientes demandas en favor de la feminización de la política ―y por ende de la política energética― exigen mucho más que un simple aumento de la representación de mujeres en puestos de dirección. Debemos cuestionar cómo se diseñan las políticas energéticas. Debemos preguntarnos: ¿energía para quién y para qué? Según Alba del Campo, hay que plantearse cuánta energía se necesita, de qué tipo y para darle qué uso.
Lyda Fernanda Forero, del TNI, asegura que, para dar prioridad a las necesidades y el trabajo que nos sostiene, hay que comprender con qué fin las mujeres suelen usar la energía, y así deslegitimar el modelo energético que reproduce, o más bien refuerza, el patriarcado como base del capitalismo.
Necesitamos democracia energética y políticas participativas donde grupos diversos de mujeres de a pie puedan influir en las políticas energéticas del futuro. Un poder colectivo y diversificado, de abajo arriba, aseguraría que el nuevo modelo energético dé servicio a aquellos a quienes el modelo actual explota y discrimina en mayor medida. ¿Qué hacemos para conseguirlo?
Solo si conseguimos abordar la división de género que sustenta el sistema económico, será posible cuestionar profundamente cómo se genera la energía destinada a una producción cuyo único objetivo es el crecimiento y la perpetuación de un modelo de consumo determinado. Solo si luchamos por tener fuentes de energía suficientes y renovables, que pongan como prioridad el cuidado y la subsistencia, será posible conseguir que el acceso a la energía sea un derecho universal. Solo cuando garanticemos que los diferentes roles de las mujeres se reflejan en nuevos modelos de propiedad públicos, a través de procesos de decisión democráticos y participativos, podremos defendernos de la reprivatización de los servicios públicos. Solo si la lucha de los trabajadores y de los sindicatos por una transición energética justa (en lo que al trabajo retribuido se refiere) se amplía para dar valor y organizar a las mujeres que llevan a cabo tareas no remuneradas o precarias y trabajo reproductivo, será posible alcanzar una economía justa y socialmente equitativa.
Un nuevo modelo energético basado en las necesidades y el trabajo de una mayoría social de mujeres
La lucha contra los oligopolios extractivos y contra las políticas que favorecen a las corporaciones se vería muy beneficiada si entendiera cómo el modelo energético actual afecta desmesuradamente a aquellos grupos más explotados, como las comunidades y los trabajadores que se encuentran en la primera línea de la industria extractiva. Sin este tipo de análisis, es probable que un “nuevo” modelo energético solo consolide las desigualdades existentes. Dicho de otro modo, para lograr una transición justa hacia una democracia energética, las nuevas leyes y políticas sobre energía deben reflejar las necesidades y el trabajo de una mayoría social de mujeres.
El hecho de que la Alianza contra la Pobreza Energética consiguiera la aprobación de la Ley 24/2015 en el Parlamento catalán es una primera muestra de que las políticas energéticas ecofeministas son posibles. Se trata de una ley única, ya que considera el acceso a la energía como un derecho humano fundamental. Un ecléctico grupo de mujeres afectadas por la pobreza energética participaron en la redacción de la ley que, desde 2015, y por primera vez en el Estado español, prohíbe que se corte el suministro eléctrico a las familias en situación de vulnerabilidad de Cataluña.
Desde Bilbao a Cádiz, pasando por Cataluña, ya se ha puesto en marcha la lucha por una transición energética justa. Si nos armamos de valor y perseveramos, este movimiento puede hacerse aún más fuerte y desenmascarar al actual modelo energético, basado únicamente en el afán de lucro, y su devastador impacto en la mayoría de la sociedad.
Este artículo se ha inspirado en el curso de verano de la Universidad de Cádiz titulado Miradas Ecofeministas, Empoderamiento y Transiciones Energéticas, 5-7 de julio de 2018.