La Mesa ha llevado a cabo un proceso de coalición sostenido y democrático, pluralista, multiétnico, intersectorial e ideológicamente diverso. Como coalición, su historia podría contarse desde muchos puntos de vista. El presente artículo se centra en la perspectiva del movimiento sindical y examina cómo los sindicatos colombianos del sector de la energía de Colombia, (especialmente los sindicatos de trabajadores del petróleo) participan, junto con los socios de esta coalición, en un proceso de deliberación democrática para amplificar las demandas comunes y superar las luchas compartidas.
La Mesa ha tenido éxitos y afrontado dificultades en su labor por construir una visión compartida de un modelo de desarrollo alternativo. Cuando el primer Gobierno de izquierda de Colombia asuma el poder en agosto de 2022, deberá abordar muchas de las tensiones que La Mesa ha experimentado, a escala nacional. Del mismo modo, en un momento en que América Latina atraviesa un nuevo período de Gobiernos progresistas y de centro-izquierda, la región tiene nuevas oportunidades, basadas en las experiencias de gobierno anteriores, de reposicionar la relación de sus programas políticos con el extractivismo, los derechos de la tierra, la pobreza energética y la justicia climática. Con este fin, La Mesa ofrece reflexiones valiosas.
Camión de la minería del carbón en la región del Cerrejón – la minería del carbón causa un daño desproporcionado al medio ambiente en Colombia. Créditos: Troskiller, CC BY-NC 2.0
Los trabajadores del petróleo se enfrentan a la injusticia energética
Desde mediados de la década de 1980, Colombia ha sido clasificada de manera triste y sistemática como uno de los países más peligrosos del mundo para los sindicalistas.[1] Entre 1971 y 2021, la Escuela Nacional Sindicaldocumentó 15.317 violaciones contra sindicalistas, incluidos 3.295 homicidios, 434 ataques, 253 desapariciones forzadas, 7.624 amenazas de muerte y 1.952 desplazamientos forzados. Los principales responsables de los ataques han sido actores paramilitares que defienden los intereses empresariales.[2] Reconociendo que tan solo una amplia coalición podría tener poder suficiente y dedicar la atención necesaria para poner fin a la violencia, la Unión Sindical Obrera (USO) organizó en agosto de 1996 la primera Asamblea Nacional por la Paz, bajo la consigna: “Para que viva Colombia: petróleo, paz y progreso”.
La asamblea tenía un objetivo doble: 1) llamar la atención sobre la violencia generalizada dirigida con mayor frecuencia contra sindicalistas organizados y comunidades en regiones donde se desarrollan proyectos extractivistas; y 2) reunir a los grupos afectados para hablar de los diversos impactos del extractivismo en las comunidades, las formas de crear paz mediante la socialización de los beneficios obtenidos a partir de la riqueza de los recursos, y proponer modelos de desarrollo alternativos. La asamblea fue una de las primeras semillas de lo que más tarde se convertiría en la principal coalición de Colombia a favor de la democracia energética y la transición justa.
Entre 1996 y 2015, el conflicto interno y la violencia contra los líderes sociales, incluidos los sindicalistas, continuaron en Colombia. Cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron que celebrarían negociaciones con el Gobierno de Santos, los movimientos sociales de todo el país reflexionaron sobre cómo podrían contribuir a la construcción de paz con justicia social (en oposición a lo que popularmente se denominaba la paz neoliberal para los inversores, que percibían el conflicto como una amenaza a sus proyectos extractivistas). En 2014, en medio del conflicto, la USO decidió abrir una serie de espacios democráticos para escuchar y registrar sistemáticamente las preocupaciones, los reclamos y las voces de los movimientos sociales y los miembros de la comunidad en las tierras en las que operaban proyectos petroleros u otras formas de proyectos extractivistas. El sindicato organizó 13 asambleas regionales y 53 asambleas subregionales, en las cuales participaron más de 10.000 personas y 1.800 organizaciones sociales. La pregunta central que se planteaba a las comunidades era de qué modo les afectaba el extractivismo y cómo sería un modelo energético diferente, que reflejara las necesidades y deseos de las personas más afectadas. Para ello, la USO presentó las preocupaciones, los reclamos y las propuestas a la Segunda Asamblea Nacional por la Paz, celebrada en 2015.
Los dos logros principales de la Segunda Asamblea fueron: 1) resumir las 850 propuestas sobre democracia energética y consolidarlas en 16 reclamos principales, y 2) crear un órgano encargado de continuar el proceso de discusión y construcción de alternativas en diferentes sectores de la sociedad. Ese órgano es la Mesa Social Minero Energética por la Paz (MSMEA o La Mesa). La Mesa se basó en la creencia de que únicamente una coalición podría construir una alternativa al modelo extractivista vigente. Según uno de los documentos fundacionales de la nueva coalición, su objetivo era:
‘Pasar de un escenario de diálogo y reflexión a un escenario de impacto significativo en la agenda pública del sector minero, que requiera la articulación entre las plataformas de la sociedad civil que comparten el compromiso con un sector minero inclusivo y están comprometidas con el desarrollo humano integral, la equidad, la preservación socioambiental y la paz en Colombia”.[3]
Desde su fundación en 1922, la Unión Sindical Obrera de la Industrial del Petróleo (USO) ha organizado huelgas y asambleas con trabajadores y comunidades para transformar el modelo energético nacional y llamar la atención sobre la violencia generalizada ejercida principalmente por grupos paramilitares contra sindicalistas y comunidades en regiones donde se encuentran proyectos extractivistas. Credit: Corporación Aury Sara
Un movimiento de movimientos diverso
Más de 100 organizaciones integran formalmente La Mesa. Representan a al menos 15 sectores de la sociedad, incluidas las comunidades rural, indígena y negra, organizaciones LGBTQ y feministas, trabajadores y colectivos estudiantiles y de jóvenes. Algunos de los sindicatos más activos, además de la USO, son: Sintracarbon (carbón), Sintraelecol (electricidad) y FENSUAGRO (agricultura); y los movimientos sociales más activos incluyen: el Movimiento Ríos Vivos, Censat Agua Viva y Fuerza Mujeres Wayuu.
Debido a la relación histórica entre las luchas por la tierra, el género y contra el racismo muchos de estos movimientos están arraigados en el liderazgo de las mujeres negras e indígenas. Por ejemplo, Fuerza Mujeres Wayuu fue fundada en 2006 para luchar contra las empresas transnacionales de minería de carbón, que estaban construyendo represas y contaminando ríos, contribuyendo a la crisis hídrica en el departamento caribeño de La Guajira. A pesar de recibir amenazas de muerte de las fuerzas paramilitares que trabajan en conjunto con las empresas de carbón, las mujeres de Fuerza Mujeres Wayuu siguen organizándose para responsabilizar a las empresas.
Hay discrepancias legítimas e intereses diferentes entre las y los miembros de la coalición. Por ejemplo, las comunidades tienen reivindicaciones históricas profundas contra los trabajadores que desempeñaron actividades en sus tierras, especialmente dado que muchos de ellos no eran locales. Mientras tanto, muchos trabajadores tienen motivos para estar orgullosos de su aporte a la electrificación de la economía y de su legado militante de sindicalismo en los movimientos sociales.
Organización Fuerza de Mujeres Wayuu – el grupo que lucha por la protección del pueblo Wayuu y de la tierra. Créditos: IPES Área Internaciona y Aula DDHH, CC BY-ND 2.0
¿“Rojo”, “verde” o intereses comunes?
Tras el auge de las mercancías entre 2003 y 2013,[4] el extractivismo ha sido enmarcado como necesario para el desarrollo nacional de Colombia. Se lo ha incluso enmarcado como un medio para financiar los Acuerdos de Paz de 2016.
Los participantes de La Mesa tienen un relacionamiento diferente con las cuestiones centrales de tierra y desarrollo: algunos están en contra de todo extractivismo, mientras que otros están en contra de la expansiónde los proyectos extractivistas, y hay quienes difieren en el tipode extractivismo que ha de proponerse. En una economía que enfrenta a los trabajadores del sector extractivista con los movimientos sociales, y en el contexto social de intereses contrapuestos, la coalición ha tenido que abordar la cuestión fundamental de cómo hallar una base común de intereses compartidos, mediante la discusión, y cómo crear un modelo energético y minero alternativo que contemple y responda a los intereses de todas las partes.
En las asambleas locales y regionales, se puso de manifiesto que los sindicatos, los movimientos sociales y los miembros de la comunidad tenían reivindicaciones comunes con respecto a la violencia estatal relacionada con el control de la tierra y con un modelo energético basado en maximizar el lucro de las grandes empresas proveniente de la extracción de recursos. Los trabajadores afrontaron violencia en el lugar de trabajo y persecución sindical, mientras que los movimientos sociales y las comunidades sufrieron desposesión de tierras, desplazamiento forzado y asesinatos selectivos por luchar en defensa de los derechos de la tierra. En este sentido, se abordó la dicotomía tradicional entre “verde” y “rojo” (es decir, entre el movimiento ambiental y sindical) y se halló un punto de acuerdo sobre la base del cual construir una plataforma común.
[5] Ocampo, J. A. (2017), ‘Commodity-led Development in Latin America’, in G. Carbonnier, H. Campodónico and S. Tezanos Vázquez (eds.) Alternative Pathways to Sustainable Development: Lessons from Latin America, Leiden: BRILL. https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w76w3t.11
Una mina de carbón de Glencore – La empresa es ahora propietaria de todas las minas de carbón de la región del Cerrejón en Colombia. Créditos: Tanenhaus, CC BY 2.0
Enfoque ascendente con supervisión central
La Mesa se describe como un “espacio colectivo, soberano, pluralista y democrático”, con un enfoque ascendente y la adopción de decisiones sobre la base del consenso. Tiene una estructura formal a nivel nacional que consiste de tres órganos. El órgano de coordinación nacional se encarga de diseñar las políticas públicas relacionadas con la minería, la energía y el medio ambiente. El equipo de operaciones, integrado por nueve representantes nacionales, ejecuta las decisiones y directrices del órgano de coordinación nacional y participa en el diálogo político de alto nivel con el Gobierno, las empresas y la comunidad internacional. La secretaría técnica organiza, sistematiza y ejecuta los programas nacionales y regionales y presenta informes de los territorios a los órganos nacionales y viceversa. En la práctica, esta estructura funciona de manera mucho más orgánica, principalmente en función de la disponibilidad y participación de los miembros.
Los miembros de La Mesa y sus dirigentes celebran reuniones periódicas (trimestrales o semestrales) para discutir proyectos y acontecimientos nacionales en materia de política energética. Los miembros se reúnen con mayor frecuencia en sus proyectos regionales y sectoriales. Antes de la pandemia de COVID-19, se intentaba celebrar reuniones en lugares fuera de la capital, Bogotá.
El proceso de adopción de decisiones se basa en el consenso, lo que significa que cuando ocurre un desacuerdo (es decir, como cuando no hay una mayoría abrumadora) se pide a los miembros que hagan una pausa, recopilen más estudios y vuelvan a presentar su argumento con información adicional. Si aun así no se alcanza una decisión, el tema no se convierte en una demanda común. Aunque el proceso no siempre funciona a la perfección, especialmente cuando algunos miembros tienen posiciones firmes, se considera que es el mejor enfoque. La Mesa también ha brindado apoyo a organizaciones miembro cuando los debates sobre extracción y democracia energética han suscitado tensiones dentro de sus estructuras.
Las decisiones se publicitan mediante talleres y seminarios públicos, reuniones nacionales, declaraciones y libros, como el publicado por La Mesa sobre estrategias para fortalecer la consulta popular.
Fracking: superar la polarización
Los debates en torno a la fracturación hidráulica o frackingson un ejemplo del modo en que la USO y La Mesa intentaron encontrar un terreno común sobre un tema que genera división.
El frackingha sido un tema controvertido en Colombia al menos desde 2014, cuando el Ministerio de Minas y Energía aprobó la práctica, sin antes haber realizado estudios de impacto ambiental. Las comunidades y los sindicatos mantuvieron debates polémicos sobre el tema.
En la USO, hubo fuertes divisiones, dado que algunos miembros sostenían que el sector sufría recortes de puestos de trabajo y quería reactivar el frackingpara “salvar” a su empresa de la amenaza de la creciente privatización. Un sector de la USO propuso “proyectos piloto” de pequeña escala para poner a prueba la práctica. Mientras tanto, un gran sector de trabajadores rechazó el fracking, citando riesgos ambientales y de salud pública, y argumentando que el número de empleos no justificaba lo que consideraban era una traición a las comunidades locales. Este debate fue abordado por La Mesa, donde una mayoría absoluta de los movimientos sociales y ambientales se expresó en contra del fracking. Apoyaron la sección contra el frackingde la USO, al facilitar talleres locales para educar a los trabajadores y miembros de la comunidad de todo el país acerca de los riesgos de esta práctica. En 2019, como consecuencia de estos y otros esfuerzos, la USO votó en contra del frackingy a favor de presionar al Gobierno de Duque, que favorecía esta práctica, para que la empresa petrolera Ecopetrol volviera a ser 100% de propiedad estatal y que pasara a ser una empresa de energía renovable.
Cómo sería la democracia energética
En el marco de las 16 prioridades acordadas en la Segunda Asamblea Nacional por la Paz, tres temas revisten especial importancia: los modelos de propiedad, la democratización de los beneficios y los mecanismos de control comunitario. Estos puntos reflejan un entendimiento matizado de la democracia energética, más allá de la dicotomía habitual de “comunidad frente a Estado”.
Con respecto a la propiedad, la visión de La Mesa es de coexistencia y superposición de modelos de propiedad que responden a las especificidades de los contextos locales, mientras que, al mismo tiempo defienden un modelo general de propiedad pública que 1) reconozca la obligación del Estado de garantizar la energía como derecho humano; 2) reivindique la capacidad institucional de planificación de largo plazo orientada al bien público, y 3) sustituya las presiones de la política neoliberal mundial para el suministro de energía con fines de lucro por parte de actores privados. Al mismo tiempo, se entiende que los enfoques puramente “estadistas” a la energía son insuficientes y que, para ser justa, la democratización profunda de la planificación pública, la propiedad y la gobernanza deben asegurar el control comunitario y de los trabajadores de todo nuevo modelo energético. Posiblemente, este matiz se deba precisamente a la composición diversa de La Mesa, ya que está integrada por movimientos sociales, sindicatos y organizaciones nacionales.
Una de las recomendaciones de La Mesa fue la creación de una empresa pública nacional en cada uno de los principales sectores energéticos: minería, combustibles fósiles, agua y electricidad.
Para el sector minero, La Mesa propone crear una comisión, integrada por delegados sindicales, mineros artesanales pequeños y medianos y comunidades mineras, para redactar una reforma al Código de Minas. Esta reforma se “basaría en el respeto del medio ambiente y la salud de los mineros y las comunidades; debería establecer claramente las normas fiscales e impositivas para el sector y centrarse en constituir una empresa estatal que influya directamente en la planificación y ejecución de las políticas mineras del país”.
En el caso del sector de los combustibles fósiles, una propuesta consiste en ejercer presión a favor de un decreto para que Ecopetrol, que antes era una empresa petrolera estatal y ahora es parcialmente propiedad privada, vuelva a ser 100% de propiedad estatal. Esto le daría una ventaja para influir en la planificación y ejecución de la política de hidrocarburos del país.
Con respecto al agua, el punto 7 insta al Estado a reconocer el derecho de las comunidades a gestionar colectivamente el agua mediante acueductos y distritos de riego comunitarios. En oposición directa a las iniciativas de privatización, La Mesa insiste en la inversión pública para fortalecer y mantener la infraestructura de los acueductos estatales y comunitarios existentes. A fin de garantizar que el agua (incluido el mínimo vital) sea un derecho fundamental para todas las personas, La Mesa insta a que se prohíba todo corte del servicio y, a mayor escala, que se prohíba el desarrollo de actividades mineras cerca de ecosistemas considerados fundamentales para el ciclo hídrico. Para legislar sobre estas y otras necesidades de gestión del agua, La Mesa propone una reforma del agua que esté coordinada con la reforma agraria y la complemente.
En cuanto a la electricidad, La Mesa propone fortalecer a las empresas departamentales de energía eléctrica (una escala de nivel medio similar a los estados en los Estados Unidos) e iniciar la creación de una empresa de energía eléctrica nacional, de propiedad estatal. La empresa influiría directamente en las políticas del sector a lo largo de la cadena de producción.
Si bien la propiedad pública es un objetivo de largo plazo, en el más corto plazo La Mesa propone mecanismos para democratizar los beneficios del sector energético. Por ejemplo, propone que se elimine la denominación de la minería que figura en el Código de Minas, como actividad de “utilidad pública e interés social”. En un país donde las empresas tienen una influencia considerable en el Estado, esta denominación da lugar a interpretaciones jurídicas que anteponen los intereses empresariales a los intereses públicos y ambientales.
Otras propuestas intentan democratizar el extractivismo distribuyendo los beneficios y orientando la extracción a la satisfacción de las necesidades locales. Por ejemplo, La Mesa recomienda reformar los beneficios fiscales otorgados a las empresas del sector minero, instalar mecanismos para prevenir la manipulación de los precios de transferencia y examinar el programa de regalías y sus deducciones impositivas a fin de aumentar el porcentaje de ganancia del Estado generado por el extractivismo. Con los ingresos obtenidos se crearía un fondo para priorizar la inversión en educación y salud públicas, así como en investigación para desarrollar tecnología pública destinada a la transición justa. La Mesa propone además la creación de un segundo fondo especial de energía para la investigación técnica y científica destinado a proyectos de energía descentralizados, autónomos y comunitarios.
La refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, Santander, es la refinería más grande de Colombia. La USO ha reclamado su modernización durante mucho tiempo. Créditos: Aris Gionis, CC BY-NC 2.0.
Garantías para la soberanía comunitaria
La Mesa también reconoce y alienta otras formas alternativas de control comunitario, participación y soberanía. Ellas incluyen garantizar el respeto de la autonomía municipal con respecto a la minería y otras actividades extractivas. Un segundo reclamo es el consentimiento libre, previo e informado respecto de las condiciones de las comunidades indígenas, racializadas y campesinas, especialmente riguroso en el marco de los “proyectos de interés nacional y estratégico” (conocidos como PINES) orientados a la exportación.
Los derechos del agua son fuente de disputa entre los intereses de las comunidades locales y los intereses extractivos privados. En respuesta a ello, La Mesa insta a que se “reconozca y ejecute el derecho de las comunidades y poblaciones organizadas a gestionar colectivamente el agua a través de acueductos y distritos de riego comunitarios”. También insta a que se ponga fin de inmediato a la privatización del agua y propone que la gestión del agua “esté exclusivamente en manos del Estado o de las comunidades organizadas”.
La minería del carbón. Créditos: AveLardo, CC BY-NC 2.0
A pesar de las grandes ambiciones, persisten las dificultades
La Mesa es un estudio de caso valioso, tanto por sus notables logros, como por sus deficiencias y dificultades considerables.
Las preguntas centrales que intenta responder son ambiciosas y van al núcleo de cómo es necesario reformar fundamentalmente los modelos energéticos y económicos:
¿Cuáles son las demandas comunes detrás de nuestras quejas diversas y compartidas? ¿Cómo podemos pasar de las demandas comunes a construir juntos un modelo energético alternativo? Sin transformar todo el modelo, ¿qué reformas y políticas públicas reflejan nuestras demandas comunes? En un mundo saturado de eventos excepcionales, estas son preguntas fundamentales para las cuales se necesitan discusiones consistentes, frecuentes y continuas. Los miembros de La Mesa entienden que no se pueden acelerar ni imponer decisiones sobre temas que generan división, porque hacerlo haría peligrar la confianza en la coalición. Sin embargo, mantener esta discusión continua representa un desafío constante. La participación es fluctuante y los participantes más constantes son los que se encuentran en Bogotá o en otros principales centros urbanos. Resulta difícil mantener la participación en procesos más localizados en zonas rurales. La pandemia de COVID-19 empeoró la situación: las reuniones virtuales han excluido a miembros que no tienen una buena conexión a Internet.
Además, las organizaciones anticapitalistas no son inmunes a reproducir internamente los patrones racistas, clasistas y sexistas contra los que luchan, y esto ocurre en la dinámica interpersonal de La Mesa. Por ejemplo, mientras que las mujeres representan un sector considerable de los participantes de los movimientos sociales de La Mesa, tienen muy poca representación entre los delegados sindicales y ninguna de las 16 propuestas incluye un reclamo específico de justicia de género. Por otro lado, un porcentaje desproporcionado de dirigentes sociales asesinados, desaparecidos, desposeídos y desplazados por proyectos extractivistas pertenecen a comunidades negras o indígenas.
La referencia a los “territorios” en las 16 propuestas de La Mesa puede entenderse de modo que incluya a las comunidades étnicas y racializadas, pero solamente una vez, en el punto 12, se menciona explícitamente a las comunidades étnicas (con respecto a la garantía de solicitar consentimiento previo para los proyectos de interés nacional estratégico). El programa en general se fortalecería mediante la incorporación de una perspectiva antirracista más amplia, que defienda las demandas históricas antirracistas y de anti coloniales con el objetivo de lograr justicia restitutiva (incluida la restitución y redistribución de la tierra colectiva y las demandas incorporadas en el Capítulo étnico del Acuerdo de Paz definitivo). Ingrid Lizeth Lozada Jara examina en su tesis las peticiones que surgieron de las huelgas recientes y analiza el material que alude a las comunidades negras, contribuyendo a un análisis del modo en que las demandas pueden abordar explícitamente los legados del racismo.
Acontecimientos
En enero de 2019, La Mesa convocó un encuentro nacional en Bogotá, en el que participaron 300 líderes sociales de los movimientos que participan en La Mesa, entre ellos la USO y la CUT de Colombia, e invitó a miembros de la “bancada parlamentaria alternativa”, muchos de los cuales siguen en sus cargos en la nueva legislatura 2022-2026 del Congreso. Los participantes reiteraron la demanda de que Ecopetrol sea de propiedad estatal para ayudar a liderar la transición justa y renovaron la iniciativa colectiva para oponerse a su privatización.
Una activista de los movimientos sociales en el Gobierno es fuente de esperanza
La elección en el Gobierno de una de las líderes sociales más poderosas del sector minero es motivo de esperanza. Francia Márquez es una feminista negra, abogada, defensora y minera artesanal[1]. Antes de embarcarse en su carrera político-electoral, Márquez fue una de las 80 mujeres, en su mayoría afrodescendientes, que marcharon 350 kilómetros hacia Bogotá para protestar contra la minería a gran escala en su tierra en La Toma. Su campaña logró que se expulsara a mineros ilegales y se retirara su equipamiento de la comunidad. El liderazgo de Márquez ha suscitado un debate público a nivel nacional en torno a las injusticias sociales y ambientales de la minería a gran escala.
El 7 de agosto de 2022, Francia Márquez asumirá la vicepresidencia de Colombia, junto con Gustavo Petro como presidente. No ha de subestimarse la importancia histórica de esta elección: por primera vez en la historia, Colombia tendrá un Gobierno de izquierda. Petro y Márquez fueron elegidos como representantes del Pacto Histórico, una coalición de 20 partidos de izquierda y centro-izquierda. En las elecciones legislativas de marzo de 2022, el Pacto Histórico obtuvo 20 bancas en el Senado y 26 en la Cámara de Representantes, por lo que es la mayor fuerza política del Senado. El programa ambiental del Pacto Histórico prioriza la transición de Colombia “de una matriz energética primaria, predominantemente fósil, dependiente económicamente del carbón y del petróleo, hacia una diversificada, basada en nuestras potencialidades de energías renovables (…) para enfrentar el cambio climático y fortalecer las capacidades del país para la economía productiva”.
En los próximos cuatro años será necesario abordar las diversas tensiones que La Mesa ha experimentado a nivel nacional. La experiencia de la coalición es un caso de estudio importante para entender el poder de un proceso de coalición de ese tipo y las dificultades de mantenerlo, y seguirá ofreciendo lecciones para otras coaliciones del Sur global y otras partes del mundo, que comparten su sueño de una transición justa y democrática.
Recursos recomendados:
- Extractivismo y posconflicto en Colombia: retos para la paz territorial. Editores: Astrid Ulloa, Sergio Coronado (2016)
- Extractivismo: conflictos y resistencias, Coordinadoras Tatiana Roa Avendaño y Luisa María Navas
- “Las Consultas Populares: una estrategia legítima para la Defensa y el Cuidado de la vida, el agua y el territorio” Mesa Social Minero Energética por la Paz
- “Petróleo, paz inconclusa y nueva lógica del conflicto” (2018) Libardo Sarmiento Anzola. Agencia de Prensa Rural
- “21 Propuestas desde el sector minero energético para la paz y la transición hacia un proyecto compartido del país” (2019)
- Diálogo Regional por la defensa y cuidado de la vida y el territorio, Magdalena Medio (june 2018) Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; Mesa Social Minero Energética por la Paz
- Conversación entre Francia Márquez Mina y Angela Davis, 7 de septiembre de 2021 https://pcp.gc.cuny.edu/2021/09/a-conversation-between-francia-marquez-mina-and-angela-davis/
Acerca de las autoras
Lala Peñaranda es coordinadora de comunicaciones en NY Renews y ayuda a coordinar la labor de Sindicatos por la Democracia Energética (TUED) en América Latina. Es miembro de las organizaciones Democratic Socialists of America (DSA), Science for People (SftP) e Internationalism from Below (IfB).
Isabel Peñaranda Currie es estudiante de doctorado en planificación ciudadana y regional en la Universidad de California, Berkeley, donde realiza investigación sobre la economía política de las políticas urbanas en América Latina, específicamente en relación con los mercados y el valor de la tierra y los asentamientos informales. También conduce el podcast “Sur-Urbano”, sobre ciudades de América Latina.
Coordinación: Lavinia Steinfort
Revisor: Tatiana Roa Avendaño
Edición: Sarah Finch
Traducción: Mercedes Camps
[1] Democracy Now! (2018) ‘Afro-Colombian Activist Francia Márquez, 2018 Goldman Prize Winner, on Stopping Illegal Gold Mining’. https://www.democracynow.org/2018/5/18/afro_colombian_activist_francia_marquez_2018
[2] Ocampo, J. A. (2017), ‘Commodity-led Development in Latin America’, in G. Carbonnier, H. Campodónico and S. Tezanos Vázquez (eds.) Alternative Pathways to Sustainable Development: Lessons from Latin America, Leiden: BRILL. https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w76w3t.11
[3] Olaya, A., Pedraza, H. and Teherán, S, (2012) La violencia contra los movimientos sindicales vista desde el sector educación y salud. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung en Colombia. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09151.pdf
[4] Un documental de 20 minutos de duración, coproducido por la Escuela Nacional Sindical, ofrece un panorama general de la historia y la violencia del movimiento sindical en Colombia. Véase: El Sindicalismo Cuenta (2020)en: https://youtu.be/ICyhMiQWrDY
[5] Diálogo Regional, 2018.